"Un paso no dado
es un sueño perdido"

lunes, 16 de mayo de 2005

Una oportunidad para Aragón

La semana pasada se filtró a la prensa un borrador del Catálogo de nuevos títulos adaptados al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) elaborado por el Consejo de Coordinación Universitaria. El nuevo Catálogo diseña una reducción notable del número de títulos de Grado y una transformación significativa del estatus actual.


Es fácil la demagogia en un tema tan sensible, y quizás no se ha debatido suficientemente de la Universidad que necesita la sociedad y lo que está dispuesta a pagar por ella, ya que la reacción ha sido inmediata. Antes de que el borrador se presente al Ministerio y con algunos títulos de Postgrado apenas bosquejados, ya han suscitado apasionadas reacciones, pronunciamientos y movilizaciones de los que no salen a gusto en la foto.


El futuro Catálogo debe conducir a títulos de Grado con claros referentes a nivel europeo, socialmente relevantes y que capaciten la integración directa en el mercado laboral. La formación de especialización y el engarce con la investigación se desarrollaría en los estudios de Postgrado que serían mucho más flexibles y permitirían perfiles formativos específicos. Pero, la batalla real, es que mientras la matrícula en las enseñanzas de Grado obedecerán a precios públicos, sólo los estudios de Máster con directrices propias los tendrán y los restantes serán precios de mercado libre.


Las enseñanzas actuales se configuraron en una tradición de la transmisión del saber dictada por la Academia o la Administración, más interesadas en el mantenimiento de parcelas de poder, que en los conocimientos demandados por la sociedad. Esto ha conducido a una oferta de más de 140 títulos oficiales que no corresponden a competencias laborales distintas ni a nichos de empleos específicos. Así, algunas de las titulaciones surgidas en los últimos 15 años tras la LRU, se han demostrado innecesarias para el mantenimiento o reposición generacional de la investigación y sin reconocimiento en el mercado laboral, pero han seguido porque, políticamente es difícil suprimirlas.


Los actuales estudiantes, afectados por la incertidumbre de sus competencias profesionales, han sido los primeros en reaccionar ante el Catálogo. Las competencias de los títulos actualmente en vigor están aseguradas por el carácter no retroactivo de la leyes, pero es cierto que su visibilidad social y posibilidades de progreso estarán interferidas por los nuevos títulos.


Debe existir una clara relación entre las competencias de los nuevos titulados y sus atribuciones profesionales y, en esto, los Colegios profesionales tendrán mucho que decir ya que ellos, u otros que se pudieran crear, deberán acoger a los nuevos titulados a la vez que dan continuidad a la defensa de sus actuales colegiados.


Los centros y universidades españolas, que deberán cambiar los títulos y quizás romper inercias históricas, son espectadores interesados ya que la reducción de títulos puede imponer su transformación. Las competencias de aprobación de títulos y de creación o modificación de centros corresponden a las Comunidades Autónomas, que serán responsables de una tarea difícil porque la continuidad puede conducir a duplicar enseñanzas con demanda baja y decreciente en distintos centros, aumentando la ineficiencia y a modificar las políticas previas de descentralización.


Favorecer la movilidad de los estudiantes y un proceso de formación de por vida, de forma transparente, exige garantías uniformes de calidad en distintos centros y países y requiere la actuación de Agencias de calidad, que deberán seguir criterios uniformes en toda Europa. Este elemento novedoso, que es inseparable del proceso de convergencia al EEES, va a introducir modificaciones mayores en la Universidad española con la aparición de listas de méritos de centros y titulaciones.


No se puede ser excelente en todos los campos, la competencia requiere especialización y será inevitable escoger los campos a desarrollar. La existencia de unos centros esencialmente dedicados a formar profesionales de Grado y otros que además tienen capacidad de investigar e impartir estudios de Máster y Doctorado, que ya existe en la actualidad, seguramente se consolidará. En este entorno, es dudoso que la asociación de docencia e investigación, que ha sido el paradigma de la Universidad tal y como la entendemos actualmente sea sostenible.


Dejando aparte la modificación profunda en la forma de impartir docencia, el proceso de convergencia al EEES introduce cambios en profundidad en la Universidad que son bienvenidos por lo que representan de oportunidad para mejorar la eficiencia y calidad de la enseñanza universitaria y por lo que suponen de puesta al día de su adaptación a la sociedad. Aprovechar con inteligencia este impulso es una oportunidad para obtener el mejor capital humano en estos momentos de despliegue de Aragón.


Rafael Navarro Linares
(Publicado por Heraldo de Aragón en mayo de 2005)

viernes, 15 de abril de 2005

La DGA y su Universidad

El anuncio de la implantación en el próximo curso de estudios de Ingeniería en Informática de la Universidad San Jorge en las instalaciones del Parque Tecnológico Walqa en Huesca, que hemos conocido por las declaraciones de sus responsables, no ha producido sorpresa en la Universidad de Zaragoza y en su Centro Politécnico Superior pero sí una honda preocupación por la actitud difícilmente comprensible del Gobierno de Aragón para con su Universidad.


Damos la bienvenida al aumento de capacidad de formación universitaria y de recursos humanos y materiales dedicados al I+D+I en Aragón que aportará la Universidad San Jorge. El Centro Politécnico Superior no teme la competencia que supone duplicar la oferta de una de nuestras titulaciones ya que contamos con la calidad de la formación de nuestros ingenieros en Informática y las capacidades de nuestros departamentos e institutos universitarios, y con estos activos ya estamos compitiendo en el mercado nacional y europeo.


Hace cinco años, cuando el Proyecto Walqa de potenciación de actividades empresariales ligadas a las TIC estaba en gestación, el Gobierno de Aragón se dirigió a la Universidad de Zaragoza y a su Centro Politécnico Superior pidiendo colaboración. La respuesta fue inmediata y sin reservas de forma que, para incrementar la oferta de estos titulados en Aragón, el número de alumnos de Ingeniería en Informática e Ingeniería de Telecomunicación se aumentó en un 50% y también desde entonces la Universidad de Zaragoza ha colaborado intensa y estrechamente en el desarrollo del Parque Tecnológico Walqa. Entre otros, se diseñaron y montaron cinco laboratorios de investigación en Huesca en los que profesores, investigadores y estudiantes de nuestra Universidad colaboran con las empresas ubicadas en el Parque Tecnológico. Así se han realizado prácticas, proyectos fin de carrera y tesis doctorales y se ha participado en los cursos, seminarios y jornadas que se organizan en Walqa.


Al primer convenio de colaboración entre la Universidad de Zaragoza y los órganos del Gobierno de Aragón responsables de la gestión de Walqa le ha seguido otro actualmente en vigor, para que un grupo de profesores del CPS y de otros centros pudieran continuar trabajando en varias líneas de investigación en los laboratorios del Parque Tecnológico Walqa.


Ahora, al acoger las enseñanzas de Ingeniería en Informática de la Universidad San Jorge en el Parque Tecnológico Walqa, el Gobierno de Aragón opta por establecer nuevas sinergias difícilmente compatibles con las previas. Al hacerlo rompe la estructura de relaciones empresa-investigación que había desarrollado junto con la Universidad de Zaragoza y que ha sido financiada mayoritariamente con fondos públicos y se la “regala” a este nuevo centro. Esta actuación quiebra además la confianza que debe existir entre instituciones, afecta negativamente a la Universidad pública y como tal debe ser denunciada a la Sociedad.


El Gobierno de Aragón cambia de socio tecnológico para el desarrollo de las TIC en Walqa y apuesta por una “aventura“ que sólo existe sobre el papel, frente a una colaboración real con centros, departamentos e institutos de investigación de “su Universidad”. Una Universidad de calidad contrastada por los titulados y doctores que ha formado, por sus éxitos en captar financiación en convocatorias competitivas de proyectos de investigación nacionales e internacionales y por el volumen y calidad de sus colaboraciones con empresas.


No se han explicado las razones que hacen que la instalación de estas enseñanzas en Walqa sea una decisión adecuada para Aragón y para Huesca, por lo que es difícil rebatirlas. Si la intención es aumentar el número de ingenieros en Informática, el empeño es innecesario, pues en la actualidad se cubren con creces las necesidades del mercado laboral con los que se titulan anualmente y un 30% de los titulados debe buscar trabajo fuera de Aragón.


Sólo razones difíciles de entender pueden sostener esta actuación, que se enmarca en un divorcio creciente del Gobierno de Aragón y “su Universidad” con muchos temas pendientes: la LOSUA en trámite, que reduce la autonomía de la Universidad y quiere hacer de ella un apéndice administrativo; la ley de creación de la Universidad San Jorge, que no ha esperado la ordenación del sistema universitario aragonés sino que pasó por las Cortes de Aragón, como si la nueva Universidad no formara parte del sistema universitario aragonés; y unos presupuestos de la Universidad pública crecientemente escasos y sin un horizonte estable de financiación plurianual, mientras que indirectamente se transfieren medios públicos a actividades privadas.


A esta cuenta se suma ahora una quiebra en la confianza que debe existir entre instituciones, porque ¿con que ánimo se podrán abordar las necesarias futuras colaboraciones?


Rafael Navarro Linares
(Publicado en Heraldo de Aragón en abril 2005)

miércoles, 23 de febrero de 2005

Una pesada hipoteca para la Universidad pública

Es políticamente incorrecto que responsables de la gestión de la Universidad de Zaragoza se pronuncien sobre la iniciativa de creación de una universidad privada en Aragón ya que existe el peligro de que se interprete como una defensa gremial de intereses para mantener un monopolio o de temor a la competencia. A pesar de este riesgo, callar sería faltar al compromiso intelectual, que como universitarios nos obliga a hacer llegar a la sociedad una crítica serena y motivada.

El gran crecimiento que durante la pasada década ha tenido el número de universidades (públicas y privadas), centros y enseñanzas en el estado español ha sido, sin duda, caótico. En muchos casos, además, ha estado dirigido a satisfacer intereses locales inmediatos y, al no existir adecuados controles de calidad, algunas enseñanzas han evolucionado por debajo de los mínimos exigibles. Crear una universidad no sólo son ladrillos, contratar un mínimo de profesores y hacer la foto inaugural, sino que es conseguir asentar grupos competitivos de profesionales que desarrollen docencia e investigación, alienten la racionalidad y la crítica e interaccionen con la sociedad que les rodea. A falta de esto no hay universidad, sino otras cosas.

A día de hoy, se percibe que diversas partes del sistema universitario español no son sostenibles en su estructura actual ni económica ni socialmente y gran parte de la responsabilidad se debe a los equilibrios políticos que las originaron, más que a las propias universidades que deben gestionarlos.

No es sostenible el sistema universitario español porque los recursos que se dedican a la docencia y a la investigación son escasos y, desde luego, muy inferiores a los que correspondería por el entorno internacional en que deben competir nuestros centros y titulados.

No es sostenible seguir aumentando el número de centros por la necesidad de conseguir tamaños mínimos, que quedan comprometidos en una situación de decrecimiento de la población en edad de formación universitaria y de disminución del porcentaje de jóvenes que quieren seguirlos.

No son sostenibles algunas enseñanzas porque el perfil profesional de los titulados no tiene demanda en el mercado laboral y cada vez la juventud considera que en ellas no tiene retribución su esfuerzo. Tampoco puede aumentar el número de estudiantes en algunas de las enseñanzas más demandadas, por ejemplo del área biomédica porque, además de su dificultad de integrarse en el mercado laboral, no podrían formarse con los estándares que exige Europa para estas profesiones.

Todas estas circunstancias se dan en el sistema universitario aragonés añadidas a un desequilibrio demográfico de manera que, con los parámetros actuales y a medio plazo, sin apoyo de la administración, sólo serán viables iniciativas privadas en el entorno de Zaragoza. Además, sin dobles lenguajes políticos, hay que ser conscientes de que su impartición con certeza impedirá el desarrollo universitario en La Almunia, Huesca y Teruel. La alternativa de destinar, directa o indirectamente, fondos públicos a la iniciativa privada para que ésta se desarrolle fuera de Zaragoza (rumores de instalación en Walqa), además de contradictoria de raíz, sólo pueden generar rechazo social porque actualmente la DGA no aporta los medios económicos suficientes para cubrir las necesidades de la Universidad pública.

Yerra la administración aragonesa al aprobar la creación de la Universidad privada antes de la Ley de Ordenación del Sistema Universitario Aragonés ya que condiciona completamente su desarrollo y anula la mayor parte de los esfuerzos de descentralización propugnados por la misma. El reciente Acuerdo de la Consejería de Ciencia, Tecnología y Universidades y la Universidad de Zaragoza hace ojos ciegos a la creación de la Universidad privada, técnicamente no se sostiene e hipoteca el sistema universitario público de Aragón al que carga de ineficiencias estructurales por muchos años.


Rafael Navarro Linares

(Publicado por Heraldo de Aragón el 23 de febrero de 2005)