El pasado mes de Junio, las Cortes de Aragón, a iniciativa del Gobierno de la Comunidad Autónoma, aprobaron la Ley de Ordenación del Sistema Universitario de Aragón (LOSUA) marcando el primer intento de coordinación global del desarrollo de las enseñanzas universitarias desde que se hizo el traspaso de estas competencias.
El contenido de la LOSUA, en su día, suscitó opiniones encontradas en la Universidad de Zaragoza que se trasladaron a la opinión pública y figuran en las hemerotecas. Entre otras deficiencias, se vislumbraban: peligros por la ingerencia del Gobierno de Aragón en la autonomía universitaria, dificultades por el sometimiento de la planificación a una “Programación Universitaria”, equilibrios por la necesidad de compromisos sobre el sistema de financiación de la Universidad que obligaba a establecer un modelo de financiación universitaria plurianual y riesgos por el ambicioso mandato de diseñar y crear una Agencia de la Calidad y Prospectiva Universitaria de Aragón. Todas estos retos, seis meses cumplidos desde la puesta en marcha de la LOSUA, nos gustaría decir que se han superado acertadamente pero no es así y además empiezan a acumularse retrasos.
La autonomía universitaria ha sufrido embates de distinta índole, que han sido más notorios en lo que se refiere a la política de investigación ya que, tras poner bajo mínimos los presupuestos regulares que cubren los aspectos básicos de la docencia y la investigación en la Universidad, se ha potenciado el desarrollo de programas de investigación específicos. Así han producido aumentos de la capacidad de gestión de la actividad investigadora de la Consejería pero anulando de forma efectiva la poca autonomía universitaria que existía en esta parcela.
El Gobierno de Aragón todavía no ha elaborado una “Programación universitaria” y la Universidad pública carece de las directrices previstas en la LOSUA para hacer su planificación en un momento en que su ausencia le perjudica y la sitúa en desventaja en el entorno nacional y aragonés. El próximo 15 de Febrero el Gobierno ha de presentar al Ministerio un listado de los posgrados oficiales que se impartirán en Aragón. Los posgrados oficiales deben cumplir determinadas condiciones de calidad y, en la Universidad de Zaragoza, ofertarse a precios públicos, siendo su profesorado financiado con cargo a presupuestos públicos. El largo trámite de estas solicitudes que exige su aprobación por los Centros y/ o Departamentos, el Consejo de Gobierno, el Consejo Social y el Gobierno de Aragón, ha hecho que éstas ya se hayan presentado sin conocer la planificación y los presupuestos. De nuevo, como a principios de año con la solicitud de nuevas titulaciones, se actúa sin previsión y en clara ausencia de liderazgo político.
El establecimiento de un modelo de financiación, que permitiese a la Universidad establecer planificaciones plurianuales, era uno de los mandatos de la LOSUA con una primera fecha fija, la elaboración de los presupuestos para el próximo ejercicio económico. El modelo se aprobó con retraso y sin acuerdo entre las partes. La propuesta de un modelo de evaluación de costes que, independientemente de su monto total, sólo compromete un mínimo del 70% dejando que el resto se fije cada año, vulnera la letra y del espíritu de la ley.
La creación de una Agencia de la Calidad y Prospectiva Universitaria de Aragón se retrasa y su ausencia, además de en la ausencia de planificación, se nota en: i) La falta de verificación de las condiciones legales exigibles al profesorado contratado y a las instalaciones de la universidad privada. ii) La defensa de los aragoneses ante anuncios engañosos, que ofrecen, sin especificarlo, titulaciones no homologadas o estudios de máster que no son tales. iii) La evaluación de la actividad docente del profesorado de la Universidad de Zaragoza necesaria, entre otras cosas, para mejorar la calidad y hacer efectivos complementos retributivos que llevan más de dos años de retraso.
Empezar bien y corregir las desviaciones y retrasos, antes de que se transformen en problemas, sería deseable en la puesta en funcionamiento de una ley, y como universitarios nuestro deseo interesado es que, con esta crítica constructiva, se ayude a que se consiga.
Rafael Navarro Linares
(Publicado por Heraldo de Aragón el 6 de enero de 2006)
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