La Universidad y el espacio europeo

Desde mediados de marzo ya se conoce el noventa por ciento del catálogo de los nuevos títulos de grado y posgrado, así como las directrices de algunos de ellos. Sin disparo de salida, ha comenzado una carrera silenciosa para estar en posiciones de ventaja en el proceso de transformación de las enseñanzas universitarias al Espacio Europeo de Educación Superior –EEES-, que va a producir en los próximos tres años cambios de magnitud equiparable a los experimentados por la Universidad española en los últimos 20 años.

Todavía hay incertidumbres y bastantes elementos por definir en las nuevas enseñanzas, pero no es posible esperar a conocerlos todos para hacer la elección más adecuada en cada caso, planificar el proceso de transformación y actuar. La Universidad de Zaragoza, en su último Consejo de Gobierno, presentó un calendario con planificaciones y estrategias para guiar este proceso que alcanza la organización académica, la asignación de la docencia y la organización de los propios centros, así como para la renovación de las metodologías docentes.

¿Qué enseñanzas de grado se impartirán en la Universidad de Zaragoza y donde?, ¿cómo orientar las futuras enseñanzas de posgrado?, ¿en qué Campus se ofertarán?, ¿qué medios e infraestructuras se necesitarán?, ¿cómo quedan los centros actuales?, ¿sobran profesores o faltan?, ¿cómo se incentivarán los cambios de metodología docente en profesores y alumnos? ... Estas preguntas y otras muchas, desde hace meses, son formuladas por la sociedad y, en particular, por la comunidad universitaria a los responsables académicos y políticos, sin posible respuesta.

Los centros de la Universidad de Zaragoza, en reuniones bilaterales o multilaterales propiciadas desde el Rectorado, llevan meses buscando respuestas a estas preguntas en los ámbitos que les competen, ya que son quienes deben informar técnicamente las posibilidades y gestionar el día a día. Sin embargo, en ésta búsqueda rápidamente tropiezan con el techo de un marco no establecido y cuya responsabilidad está en niveles superiores que no se han definido.

Es lógico que las propuestas de transformación emerjan del Consejo de Gobierno de la Universidad, aunque la responsabilidad sea de su Consejo Social y finalmente del Gobierno de Aragón. Pero, de poco servirá la voluntad e iniciativas académicas de los centros y de la Universidad si su acción no se incardina en las líneas que marquen las instancias superiores y todas ellas caminen en la misma dirección. Además, no sólo es necesaria la coordinación entre instituciones sino que ahora se precisa visión de futuro, liderazgo social y anticipación por parte del Gobierno de Aragón, que hasta ahora no ha estado presente en el proceso.

Conjugar el comienzo de Bellas Artes en Teruel y de Odontología en Huesca el próximo curso, con la elaboración de los planes de estudio de las correspondientes enseñanzas de grado EEES y de las que empezaron a impartirse en este curso; Filosofía, Diplomatura de Óptica e Ingeniería Técnica de Obras Públicas, no va a ser fácil y, para su supervivencia, urge que hagan su transformación al EEES. Pero igualmente deben transformarse con rapidez otras enseñanzas con amplio arraigo para no perder competitividad en Aragón o frente a Comunidades vecinas.

En el nuevo marco, la obligatoria evaluación de la calidad de las enseñanzas va a ser una espada de Damocles difícil de superar si los centros no alcanzan unidades homogéneas de tamaño suficiente y éstas no se imbrican fuertemente en su entorno socio-económico. Es la ocasión de establecer una auténtica política universitaria aragonesa, abierta a las necesidades sociales de los estudiantes y de las empresas y que, pensando en los próximos 10 años, profundice en la descentralización, dando sostenibilidad y futuro a los Campus de Huesca y Teruel.

En el periodo preelectoral, al que estaremos abocados en los próximos 12 meses, será difícil formular políticas de largo alcance y se corre el peligro de que pase de largo el mejor momento para hacer la programación de la Enseñanza Universitaria de Aragón, cuyas directrices deben guiar su transformación al EEES.

Rafael Navarro Linares
(Publicado en Heraldo de Aragón el 20 de abril de 2006)

La ley universitaria de Aragón hibernada

El pasado mes de Junio, las Cortes de Aragón, a iniciativa del Gobierno de la Comunidad Autónoma, aprobaron la Ley de Ordenación del Sistema Universitario de Aragón (LOSUA) marcando el primer intento de coordinación global del desarrollo de las enseñanzas universitarias desde que se hizo el traspaso de estas competencias.

El contenido de la LOSUA, en su día, suscitó opiniones encontradas en la Universidad de Zaragoza que se trasladaron a la opinión pública y figuran en las hemerotecas. Entre otras deficiencias, se vislumbraban: peligros por la ingerencia del Gobierno de Aragón en la autonomía universitaria, dificultades por el sometimiento de la planificación a una “Programación Universitaria”, equilibrios por la necesidad de compromisos sobre el sistema de financiación de la Universidad que obligaba a establecer un modelo de financiación universitaria plurianual y riesgos por el ambicioso mandato de diseñar y crear una Agencia de la Calidad y Prospectiva Universitaria de Aragón. Todas estos retos, seis meses cumplidos desde la puesta en marcha de la LOSUA, nos gustaría decir que se han superado acertadamente pero no es así y además empiezan a acumularse retrasos.

La autonomía universitaria ha sufrido embates de distinta índole, que han sido más notorios en lo que se refiere a la política de investigación ya que, tras poner bajo mínimos los presupuestos regulares que cubren los aspectos básicos de la docencia y la investigación en la Universidad, se ha potenciado el desarrollo de programas de investigación específicos. Así han producido aumentos de la capacidad de gestión de la actividad investigadora de la Consejería pero anulando de forma efectiva la poca autonomía universitaria que existía en esta parcela.

El Gobierno de Aragón todavía no ha elaborado una “Programación universitaria” y la Universidad pública carece de las directrices previstas en la LOSUA para hacer su planificación en un momento en que su ausencia le perjudica y la sitúa en desventaja en el entorno nacional y aragonés. El próximo 15 de Febrero el Gobierno ha de presentar al Ministerio un listado de los posgrados oficiales que se impartirán en Aragón. Los posgrados oficiales deben cumplir determinadas condiciones de calidad y, en la Universidad de Zaragoza, ofertarse a precios públicos, siendo su profesorado financiado con cargo a presupuestos públicos. El largo trámite de estas solicitudes que exige su aprobación por los Centros y/ o Departamentos, el Consejo de Gobierno, el Consejo Social y el Gobierno de Aragón, ha hecho que éstas ya se hayan presentado sin conocer la planificación y los presupuestos. De nuevo, como a principios de año con la solicitud de nuevas titulaciones, se actúa sin previsión y en clara ausencia de liderazgo político.

El establecimiento de un modelo de financiación, que permitiese a la Universidad establecer planificaciones plurianuales, era uno de los mandatos de la LOSUA con una primera fecha fija, la elaboración de los presupuestos para el próximo ejercicio económico. El modelo se aprobó con retraso y sin acuerdo entre las partes. La propuesta de un modelo de evaluación de costes que, independientemente de su monto total, sólo compromete un mínimo del 70% dejando que el resto se fije cada año, vulnera la letra y del espíritu de la ley.

La creación de una Agencia de la Calidad y Prospectiva Universitaria de Aragón se retrasa y su ausencia, además de en la ausencia de planificación, se nota en: i) La falta de verificación de las condiciones legales exigibles al profesorado contratado y a las instalaciones de la universidad privada. ii) La defensa de los aragoneses ante anuncios engañosos, que ofrecen, sin especificarlo, titulaciones no homologadas o estudios de máster que no son tales. iii) La evaluación de la actividad docente del profesorado de la Universidad de Zaragoza necesaria, entre otras cosas, para mejorar la calidad y hacer efectivos complementos retributivos que llevan más de dos años de retraso.

Empezar bien y corregir las desviaciones y retrasos, antes de que se transformen en problemas, sería deseable en la puesta en funcionamiento de una ley, y como universitarios nuestro deseo interesado es que, con esta crítica constructiva, se ayude a que se consiga.

Rafael Navarro Linares
(Publicado por Heraldo de Aragón el 6 de enero de 2006)

Una oportunidad para Aragón

La semana pasada se filtró a la prensa un borrador del Catálogo de nuevos títulos adaptados al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) elaborado por el Consejo de Coordinación Universitaria. El nuevo Catálogo diseña una reducción notable del número de títulos de Grado y una transformación significativa del estatus actual.

Es fácil la demagogia en un tema tan sensible, y quizás no se ha debatido suficientemente de la Universidad que necesita la sociedad y lo que está dispuesta a pagar por ella, ya que la reacción ha sido inmediata. Antes de que el borrador se presente al Ministerio y con algunos títulos de Postgrado apenas bosquejados, ya han suscitado apasionadas reacciones, pronunciamientos y movilizaciones de los que no salen a gusto en la foto.

El futuro Catálogo debe conducir a títulos de Grado con claros referentes a nivel europeo, socialmente relevantes y que capaciten la integración directa en el mercado laboral. La formación de especialización y el engarce con la investigación se desarrollaría en los estudios de Postgrado que serían mucho más flexibles y permitirían perfiles formativos específicos. Pero, la batalla real, es que mientras la matrícula en las enseñanzas de Grado obedecerán a precios públicos, sólo los estudios de Máster con directrices propias los tendrán y los restantes serán precios de mercado libre.

Las enseñanzas actuales se configuraron en una tradición de la transmisión del saber dictada por la Academia o la Administración, más interesadas en el mantenimiento de parcelas de poder, que en los conocimientos demandados por la sociedad. Esto ha conducido a una oferta de más de 140 títulos oficiales que no corresponden a competencias laborales distintas ni a nichos de empleos específicos. Así, algunas de las titulaciones surgidas en los últimos 15 años tras la LRU, se han demostrado innecesarias para el mantenimiento o reposición generacional de la investigación y sin reconocimiento en el mercado laboral, pero han seguido porque, políticamente es difícil suprimirlas.

Los actuales estudiantes, afectados por la incertidumbre de sus competencias profesionales, han sido los primeros en reaccionar ante el Catálogo. Las competencias de los títulos actualmente en vigor están aseguradas por el carácter no retroactivo de la leyes, pero es cierto que su visibilidad social y posibilidades de progreso estarán interferidas por los nuevos títulos.

Debe existir una clara relación entre las competencias de los nuevos titulados y sus atribuciones profesionales y, en esto, los Colegios profesionales tendrán mucho que decir ya que ellos, u otros que se pudieran crear, deberán acoger a los nuevos titulados a la vez que dan continuidad a la defensa de sus actuales colegiados.

Los centros y universidades españolas, que deberán cambiar los títulos y quizás romper inercias históricas, son espectadores interesados ya que la reducción de títulos puede imponer su transformación. Las competencias de aprobación de títulos y de creación o modificación de centros corresponden a las Comunidades Autónomas, que serán responsables de una tarea difícil porque la continuidad puede conducir a duplicar enseñanzas con demanda baja y decreciente en distintos centros, aumentando la ineficiencia y a modificar las políticas previas de descentralización.

Favorecer la movilidad de los estudiantes y un proceso de formación de por vida, de forma transparente, exige garantías uniformes de calidad en distintos centros y países y requiere la actuación de Agencias de calidad, que deberán seguir criterios uniformes en toda Europa. Este elemento novedoso, que es inseparable del proceso de convergencia al EEES, va a introducir modificaciones mayores en la Universidad española con la aparición de listas de méritos de centros y titulaciones.

No se puede ser excelente en todos los campos, la competencia requiere especialización y será inevitable escoger los campos a desarrollar. La existencia de unos centros esencialmente dedicados a formar profesionales de Grado y otros que además tienen capacidad de investigar e impartir estudios de Máster y Doctorado, que ya existe en la actualidad, seguramente se consolidará. En este entorno, es dudoso que la asociación de docencia e investigación, que ha sido el paradigma de la Universidad tal y como la entendemos actualmente sea sostenible.

Dejando aparte la modificación profunda en la forma de impartir docencia, el proceso de convergencia al EEES introduce cambios en profundidad en la Universidad que son bienvenidos por lo que representan de oportunidad para mejorar la eficiencia y calidad de la enseñanza universitaria y por lo que suponen de puesta al día de su adaptación a la sociedad. Aprovechar con inteligencia este impulso es una oportunidad para obtener el mejor capital humano en estos momentos de despliegue de Aragón.

Rafael Navarro Linares
(Publicado por Heraldo de Aragón en mayo de 2005)

La DGA y su Universidad

El anuncio de la implantación en el próximo curso de estudios de Ingeniería en Informática de la Universidad San Jorge en las instalaciones del Parque Tecnológico Walqa en Huesca, que hemos conocido por las declaraciones de sus responsables, no ha producido sorpresa en la Universidad de Zaragoza y en su Centro Politécnico Superior pero sí una honda preocupación por la actitud difícilmente comprensible del Gobierno de Aragón para con su Universidad.

Damos la bienvenida al aumento de capacidad de formación universitaria y de recursos humanos y materiales dedicados al I+D+I en Aragón que aportará la Universidad San Jorge. El Centro Politécnico Superior no teme la competencia que supone duplicar la oferta de una de nuestras titulaciones ya que contamos con la calidad de la formación de nuestros ingenieros en Informática y las capacidades de nuestros departamentos e institutos universitarios, y con estos activos ya estamos compitiendo en el mercado nacional y europeo.

Hace cinco años, cuando el Proyecto Walqa de potenciación de actividades empresariales ligadas a las TIC estaba en gestación, el Gobierno de Aragón se dirigió a la Universidad de Zaragoza y a su Centro Politécnico Superior pidiendo colaboración. La respuesta fue inmediata y sin reservas de forma que, para incrementar la oferta de estos titulados en Aragón, el número de alumnos de Ingeniería en Informática e Ingeniería de Telecomunicación se aumentó en un 50% y también desde entonces la Universidad de Zaragoza ha colaborado intensa y estrechamente en el desarrollo del Parque Tecnológico Walqa. Entre otros, se diseñaron y montaron cinco laboratorios de investigación en Huesca en los que profesores, investigadores y estudiantes de nuestra Universidad colaboran con las empresas ubicadas en el Parque Tecnológico. Así se han realizado prácticas, proyectos fin de carrera y tesis doctorales y se ha participado en los cursos, seminarios y jornadas que se organizan en Walqa.

Al primer convenio de colaboración entre la Universidad de Zaragoza y los órganos del Gobierno de Aragón responsables de la gestión de Walqa le ha seguido otro actualmente en vigor, para que un grupo de profesores del CPS y de otros centros pudieran continuar trabajando en varias líneas de investigación en los laboratorios del Parque Tecnológico Walqa.

Ahora, al acoger las enseñanzas de Ingeniería en Informática de la Universidad San Jorge en el Parque Tecnológico Walqa, el Gobierno de Aragón opta por establecer nuevas sinergias difícilmente compatibles con las previas. Al hacerlo rompe la estructura de relaciones empresa-investigación que había desarrollado junto con la Universidad de Zaragoza y que ha sido financiada mayoritariamente con fondos públicos y se la “regala” a este nuevo centro. Esta actuación quiebra además la confianza que debe existir entre instituciones, afecta negativamente a la Universidad pública y como tal debe ser denunciada a la Sociedad.

El Gobierno de Aragón cambia de socio tecnológico para el desarrollo de las TIC en Walqa y apuesta por una “aventura“ que sólo existe sobre el papel, frente a una colaboración real con centros, departamentos e institutos de investigación de “su Universidad”. Una Universidad de calidad contrastada por los titulados y doctores que ha formado, por sus éxitos en captar financiación en convocatorias competitivas de proyectos de investigación nacionales e internacionales y por el volumen y calidad de sus colaboraciones con empresas.

No se han explicado las razones que hacen que la instalación de estas enseñanzas en Walqa sea una decisión adecuada para Aragón y para Huesca, por lo que es difícil rebatirlas. Si la intención es aumentar el número de ingenieros en Informática, el empeño es innecesario, pues en la actualidad se cubren con creces las necesidades del mercado laboral con los que se titulan anualmente y un 30% de los titulados debe buscar trabajo fuera de Aragón.

Sólo razones difíciles de entender pueden sostener esta actuación, que se enmarca en un divorcio creciente del Gobierno de Aragón y “su Universidad” con muchos temas pendientes: la LOSUA en trámite, que reduce la autonomía de la Universidad y quiere hacer de ella un apéndice administrativo; la ley de creación de la Universidad San Jorge, que no ha esperado la ordenación del sistema universitario aragonés sino que pasó por las Cortes de Aragón, como si la nueva Universidad no formara parte del sistema universitario aragonés; y unos presupuestos de la Universidad pública crecientemente escasos y sin un horizonte estable de financiación plurianual, mientras que indirectamente se transfieren medios públicos a actividades privadas.

A esta cuenta se suma ahora una quiebra en la confianza que debe existir entre instituciones, porque ¿con que ánimo se podrán abordar las necesarias futuras colaboraciones?

Rafael Navarro Linares
(Publicado en Heraldo de Aragón en abril 2005)

Una pesada hipoteca para la Universidad pública

Es políticamente incorrecto que responsables de la gestión de la Universidad de Zaragoza se pronuncien sobre la iniciativa de creación de una universidad privada en Aragón ya que existe el peligro de que se interprete como una defensa gremial de intereses para mantener un monopolio o de temor a la competencia. A pesar de este riesgo, callar sería faltar al compromiso intelectual, que como universitarios nos obliga a hacer llegar a la sociedad una crítica serena y motivada.

El gran crecimiento que durante la pasada década ha tenido el número de universidades (públicas y privadas), centros y enseñanzas en el estado español ha sido, sin duda, caótico. En muchos casos, además, ha estado dirigido a satisfacer intereses locales inmediatos y, al no existir adecuados controles de calidad, algunas enseñanzas han evolucionado por debajo de los mínimos exigibles. Crear una universidad no sólo son ladrillos, contratar un mínimo de profesores y hacer la foto inaugural, sino que es conseguir asentar grupos competitivos de profesionales que desarrollen docencia e investigación, alienten la racionalidad y la crítica e interaccionen con la sociedad que les rodea. A falta de esto no hay universidad, sino otras cosas.

A día de hoy, se percibe que diversas partes del sistema universitario español no son sostenibles en su estructura actual ni económica ni socialmente y gran parte de la responsabilidad se debe a los equilibrios políticos que las originaron, más que a las propias universidades que deben gestionarlos.

No es sostenible el sistema universitario español porque los recursos que se dedican a la docencia y a la investigación son escasos y, desde luego, muy inferiores a los que correspondería por el entorno internacional en que deben competir nuestros centros y titulados.

No es sostenible seguir aumentando el número de centros por la necesidad de conseguir tamaños mínimos, que quedan comprometidos en una situación de decrecimiento de la población en edad de formación universitaria y de disminución del porcentaje de jóvenes que quieren seguirlos.

No son sostenibles algunas enseñanzas porque el perfil profesional de los titulados no tiene demanda en el mercado laboral y cada vez la juventud considera que en ellas no tiene retribución su esfuerzo. Tampoco puede aumentar el número de estudiantes en algunas de las enseñanzas más demandadas, por ejemplo del área biomédica porque, además de su dificultad de integrarse en el mercado laboral, no podrían formarse con los estándares que exige Europa para estas profesiones.

Todas estas circunstancias se dan en el sistema universitario aragonés añadidas a un desequilibrio demográfico de manera que, con los parámetros actuales y a medio plazo, sin apoyo de la administración, sólo serán viables iniciativas privadas en el entorno de Zaragoza. Además, sin dobles lenguajes políticos, hay que ser conscientes de que su impartición con certeza impedirá el desarrollo universitario en La Almunia, Huesca y Teruel. La alternativa de destinar, directa o indirectamente, fondos públicos a la iniciativa privada para que ésta se desarrolle fuera de Zaragoza (rumores de instalación en Walqa), además de contradictoria de raíz, sólo pueden generar rechazo social porque actualmente la DGA no aporta los medios económicos suficientes para cubrir las necesidades de la Universidad pública.

Yerra la administración aragonesa al aprobar la creación de la Universidad privada antes de la Ley de Ordenación del Sistema Universitario Aragonés ya que condiciona completamente su desarrollo y anula la mayor parte de los esfuerzos de descentralización propugnados por la misma. El reciente Acuerdo de la Consejería de Ciencia, Tecnología y Universidades y la Universidad de Zaragoza hace ojos ciegos a la creación de la Universidad privada, técnicamente no se sostiene e hipoteca el sistema universitario público de Aragón al que carga de ineficiencias estructurales por muchos años.

Rafael Navarro Linares
(Publicado por Heraldo de Aragón el 23 de febrero de 2005)

Hacia un parque científico-tecnológico

Recientemente las páginas del Heraldo de Aragón recogieron puntualmente lo que, sin duda, constituye la mayor dotación económica cofinanciada por el Gobierno de Aragón para potenciar la investigación en la Universidad de Zaragoza. Tanto por la cuantía total, cerca de 4000 millones de pesetas, como por el procedimiento seguido, de concurrencia competitiva con evaluación externa, o por el ánimo de integración de la investigación, que se diseña, todos los investigadores nos felicitamos.

Una parte importante de esta dotación será para la construcción en el Campus del Actur, junto al Centro Politécnico Superior -CPS-, de un Centro Integrado de Investigación que alojará al Instituto de Investigación en Ingeniería de Aragón, al Instituto de Nanociencia y al Instituto de Bio-computación y Física de Sistemas Complejos, así como otros institutos en fase de constitución. Igualmente se construirá un nuevo centro de I+D para la fundación “Centro de investigación de recursos y consumos energéticos” - CIRCE. Sin embargo, ha pasado más desapercibido que la dotación no solo alcanza para edificios sino que también cubre la adquisición de equipos e infraestructuras de investigación solicitadas por estos institutos.

El Gobierno de Aragón hace una apuesta decidida y abre un camino que, sin duda, impulsará la investigación de calidad de los grupos más competitivos y favorecerá una contribución más eficaz al desarrollo regional. Ese mismo esfuerzo debe ser multiplicado por la Universidad, que hasta ahora no ha sabido anticiparse en su organización, ni planificar el desarrollo de unos institutos de investigación, que por su propio empuje llevan funcionando menos de un año. Su integración en un solo centro será positiva, por lo que representa de impulso, pero se hace precipitadamente sin definir previamente la organización y la dirección en que se desea avanzar.

Quedan por resolver temas como la funcionalidad de unos institutos que tendrán laboratorios y despachos en un centro integrado pero con investigadores desarrollando sus actividades docentes en la plaza San Francisco. Igualmente, falta diseñar e inducir un sistema dinámico que premie la actividad y permanentemente adapte las necesidades de espacios y laboratorios a la actividad de los institutos. Falta el reconocimiento y potenciación de la actividad del personal investigador tanto consolidado como en formación y una política de dotación de personal técnico y auxiliar de investigación. Falta, en definitiva, repensar la investigación en la Universidad a la luz de un mundo cambiante donde el conocimiento es elemento estratégico del progreso de las regiones.

La Universidad de Zaragoza está de enhorabuena, pero especialmente los centros de este Campus, porque vemos como se configura una concentración de medios de investigación y de instituciones del área tecnológica sin precedente. Así el conjunto formado por el instituto Tecnológico de Aragón, el Centro Europeo de Empresas e Innovación, el Instituto de Carboquímica, los dos centros universitarios del área tecnológica; CPS y Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial y el nuevo Centro Integrado de Investigación daría un tamaño y composición suficiente para la creación de un parque científico tecnológico en Zaragoza.

A lo largo de años, hemos albergado el deseo de un instrumento de esas características en las proximidades del CPS, que facilitase la transferencia de investigación y conocimientos y convirtiese nuestra investigación en motor de desarrollo. Ahora, por primera vez, están los medios materiales junto con grupos de investigadores de excelencia, para que el germen de un parque científico tecnológico sea hoy una oportunidad más próxima y alcanzable, a ello dedicaremos nuestros esfuerzos.

Rafael Navarro Linares
(Publicado en Heraldo de Aragón en junio 2003)

La Universidad y Europa

La configuración de un Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) es el ánimo del Protocolo de Bolonia, que ya ha sido suscrito por 48 estados de dentro y fuera de la Unión Europea (UE). Independientemente de las tensiones producidas por la guerra en la UE, en la próxima reunión de Septiembre en Berlín, los representantes de estos estados deben dar un impulso definitivo a su creación.

El establecimiento de una Europa del Conocimiento que favorezca el crecimiento económico, la libre circulación de profesionales y la cohesión social así como la creación de un referente europeo que incremente la competitividad de nuestra enseñanza superior frente a Japón o EEUU, son los objetivos que se persiguen.En Febrero, el Ministerio de Educación Cultura y Deporte difundió un documento marco con las guías de esa transformación, que fue bien recibido por la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas celebrada en Zaragoza días después. Aún con aspectos por definir, se establece el año 2010 como fecha límite en que la educación superior española deberá estar completamente adaptada al EEES y aboca los próximos tres años a procesos acelerados de cambio para que los planes de estudios de las nuevas titulaciones comiencen no más tarde del curso 2006-2007.

Las implicaciones del EEES son muchas y sin duda supondrán transformaciones profundas tanto para la Universidad como para la Sociedad. Algunas de esas incidencias para la Universidad serán:

• La armonización de la duración de las titulaciones universitarias, que seguramente pasarán a ser de cuatro años, junto a una reducción significativa del catálogo actual de titulaciones que será el mismo en todo el EEES.
• La posibilidad de transferir estudios realizados en distintas Universidades y países para obtener un título, que conllevará el pleno desarrollo del suplemento al diploma, que dará cuenta transparente a los empleadores de la formación e itinerario seguido.
• Un cambio de la docencia que pasará de basarse en la impartición de conocimientos (horas lectivas de clase) a la del aprendizaje (horas que el alumno necesita para adquirirlos), a la vez que se establecerá la formación como un proceso a mantener de por vida.
• La desaparición de la distinción actual entre Escuelas Universitarias y Facultades o Escuelas Superiores de Ingeniería, que puede conducir a centros distintos en la misma ciudad y con las mismas funciones y cuya solución exigirá consenso, imaginación y determinación.

Del lado social y de las administraciones estatal y autonómica destacan:

• La desaparición, por confluencia, de las titulaciones de grado medio y superior en una sola con los nombres de licenciados, ingenieros y arquitectos, que cambiará significativamente las competencias de muchos colegios profesionales y en especial de los de ingeniería.
• La modificación de las condiciones de acceso a los colegios profesionales, que podrían introducir procesos de acreditación añadidos a la posesión del título correspondiente y la posibilidad de que haya colegios distintos que acrediten la misma competencia.
• Un proceso transitorio de adaptación de los actuales titulados a las nuevas titulaciones y competencias y de la sociedad en general para conocer la capacitación de los nuevos títulos que habrán de ser relevantes de cara al mercado de trabajo.
• Un cambio en las actuales escalas de la función pública (A y B) que en el futuro convergerían a una sola, con las consecuencias presupuestarias que pueden tener las obvias aspiraciones de equiparación salarial.
• Un replanteamiento completo y en profundidad del mapa de las titulaciones que se imparten en cada uno de los centros universitarios, que de nuevo traería a la mesa el tema de la descentralización de la Universidad.

A la vista hay tres años de transformaciones ilusionantes en los que las Universidades, los gobiernos de las Comunidades Autónomas y el Ministerio van a tener que reconsiderar trayectorias centenarias de centros y titulaciones. Del establecimiento de dialogo y consensos en esos tres niveles dependerá que la configuración del EEES sea un paso adelante en la transformación y adecuación de la Universidad a la sociedad o una nueva ocasión fallida.

Rafael Navarro Linares
(Publicado en Heraldo de Aragón el 4 de abril de 2004)