Es políticamente incorrecto que responsables de la gestión de la Universidad de Zaragoza se pronuncien sobre la iniciativa de creación de una universidad privada en Aragón ya que existe el peligro de que se interprete como una defensa gremial de intereses para mantener un monopolio o de temor a la competencia. A pesar de este riesgo, callar sería faltar al compromiso intelectual, que como universitarios nos obliga a hacer llegar a la sociedad una crítica serena y motivada.
El gran crecimiento que durante la pasada década ha tenido el número de universidades (públicas y privadas), centros y enseñanzas en el estado español ha sido, sin duda, caótico. En muchos casos, además, ha estado dirigido a satisfacer intereses locales inmediatos y, al no existir adecuados controles de calidad, algunas enseñanzas han evolucionado por debajo de los mínimos exigibles. Crear una universidad no sólo son ladrillos, contratar un mínimo de profesores y hacer la foto inaugural, sino que es conseguir asentar grupos competitivos de profesionales que desarrollen docencia e investigación, alienten la racionalidad y la crítica e interaccionen con la sociedad que les rodea. A falta de esto no hay universidad, sino otras cosas.
A día de hoy, se percibe que diversas partes del sistema universitario español no son sostenibles en su estructura actual ni económica ni socialmente y gran parte de la responsabilidad se debe a los equilibrios políticos que las originaron, más que a las propias universidades que deben gestionarlos.
No es sostenible el sistema universitario español porque los recursos que se dedican a la docencia y a la investigación son escasos y, desde luego, muy inferiores a los que correspondería por el entorno internacional en que deben competir nuestros centros y titulados.
No es sostenible seguir aumentando el número de centros por la necesidad de conseguir tamaños mínimos, que quedan comprometidos en una situación de decrecimiento de la población en edad de formación universitaria y de disminución del porcentaje de jóvenes que quieren seguirlos.
No son sostenibles algunas enseñanzas porque el perfil profesional de los titulados no tiene demanda en el mercado laboral y cada vez la juventud considera que en ellas no tiene retribución su esfuerzo. Tampoco puede aumentar el número de estudiantes en algunas de las enseñanzas más demandadas, por ejemplo del área biomédica porque, además de su dificultad de integrarse en el mercado laboral, no podrían formarse con los estándares que exige Europa para estas profesiones.
Todas estas circunstancias se dan en el sistema universitario aragonés añadidas a un desequilibrio demográfico de manera que, con los parámetros actuales y a medio plazo, sin apoyo de la administración, sólo serán viables iniciativas privadas en el entorno de Zaragoza. Además, sin dobles lenguajes políticos, hay que ser conscientes de que su impartición con certeza impedirá el desarrollo universitario en La Almunia, Huesca y Teruel. La alternativa de destinar, directa o indirectamente, fondos públicos a la iniciativa privada para que ésta se desarrolle fuera de Zaragoza (rumores de instalación en Walqa), además de contradictoria de raíz, sólo pueden generar rechazo social porque actualmente la DGA no aporta los medios económicos suficientes para cubrir las necesidades de la Universidad pública.
Yerra la administración aragonesa al aprobar la creación de la Universidad privada antes de la Ley de Ordenación del Sistema Universitario Aragonés ya que condiciona completamente su desarrollo y anula la mayor parte de los esfuerzos de descentralización propugnados por la misma. El reciente Acuerdo de la Consejería de Ciencia, Tecnología y Universidades y la Universidad de Zaragoza hace ojos ciegos a la creación de la Universidad privada, técnicamente no se sostiene e hipoteca el sistema universitario público de Aragón al que carga de ineficiencias estructurales por muchos años.
Rafael Navarro Linares
(Publicado por Heraldo de Aragón el 23 de febrero de 2005)
