Una pesada hipoteca para la Universidad pública

Es políticamente incorrecto que responsables de la gestión de la Universidad de Zaragoza se pronuncien sobre la iniciativa de creación de una universidad privada en Aragón ya que existe el peligro de que se interprete como una defensa gremial de intereses para mantener un monopolio o de temor a la competencia. A pesar de este riesgo, callar sería faltar al compromiso intelectual, que como universitarios nos obliga a hacer llegar a la sociedad una crítica serena y motivada.

El gran crecimiento que durante la pasada década ha tenido el número de universidades (públicas y privadas), centros y enseñanzas en el estado español ha sido, sin duda, caótico. En muchos casos, además, ha estado dirigido a satisfacer intereses locales inmediatos y, al no existir adecuados controles de calidad, algunas enseñanzas han evolucionado por debajo de los mínimos exigibles. Crear una universidad no sólo son ladrillos, contratar un mínimo de profesores y hacer la foto inaugural, sino que es conseguir asentar grupos competitivos de profesionales que desarrollen docencia e investigación, alienten la racionalidad y la crítica e interaccionen con la sociedad que les rodea. A falta de esto no hay universidad, sino otras cosas.

A día de hoy, se percibe que diversas partes del sistema universitario español no son sostenibles en su estructura actual ni económica ni socialmente y gran parte de la responsabilidad se debe a los equilibrios políticos que las originaron, más que a las propias universidades que deben gestionarlos.

No es sostenible el sistema universitario español porque los recursos que se dedican a la docencia y a la investigación son escasos y, desde luego, muy inferiores a los que correspondería por el entorno internacional en que deben competir nuestros centros y titulados.

No es sostenible seguir aumentando el número de centros por la necesidad de conseguir tamaños mínimos, que quedan comprometidos en una situación de decrecimiento de la población en edad de formación universitaria y de disminución del porcentaje de jóvenes que quieren seguirlos.

No son sostenibles algunas enseñanzas porque el perfil profesional de los titulados no tiene demanda en el mercado laboral y cada vez la juventud considera que en ellas no tiene retribución su esfuerzo. Tampoco puede aumentar el número de estudiantes en algunas de las enseñanzas más demandadas, por ejemplo del área biomédica porque, además de su dificultad de integrarse en el mercado laboral, no podrían formarse con los estándares que exige Europa para estas profesiones.

Todas estas circunstancias se dan en el sistema universitario aragonés añadidas a un desequilibrio demográfico de manera que, con los parámetros actuales y a medio plazo, sin apoyo de la administración, sólo serán viables iniciativas privadas en el entorno de Zaragoza. Además, sin dobles lenguajes políticos, hay que ser conscientes de que su impartición con certeza impedirá el desarrollo universitario en La Almunia, Huesca y Teruel. La alternativa de destinar, directa o indirectamente, fondos públicos a la iniciativa privada para que ésta se desarrolle fuera de Zaragoza (rumores de instalación en Walqa), además de contradictoria de raíz, sólo pueden generar rechazo social porque actualmente la DGA no aporta los medios económicos suficientes para cubrir las necesidades de la Universidad pública.

Yerra la administración aragonesa al aprobar la creación de la Universidad privada antes de la Ley de Ordenación del Sistema Universitario Aragonés ya que condiciona completamente su desarrollo y anula la mayor parte de los esfuerzos de descentralización propugnados por la misma. El reciente Acuerdo de la Consejería de Ciencia, Tecnología y Universidades y la Universidad de Zaragoza hace ojos ciegos a la creación de la Universidad privada, técnicamente no se sostiene e hipoteca el sistema universitario público de Aragón al que carga de ineficiencias estructurales por muchos años.

Rafael Navarro Linares
(Publicado por Heraldo de Aragón el 23 de febrero de 2005)

Hacia un parque científico-tecnológico

Recientemente las páginas del Heraldo de Aragón recogieron puntualmente lo que, sin duda, constituye la mayor dotación económica cofinanciada por el Gobierno de Aragón para potenciar la investigación en la Universidad de Zaragoza. Tanto por la cuantía total, cerca de 4000 millones de pesetas, como por el procedimiento seguido, de concurrencia competitiva con evaluación externa, o por el ánimo de integración de la investigación, que se diseña, todos los investigadores nos felicitamos.

Una parte importante de esta dotación será para la construcción en el Campus del Actur, junto al Centro Politécnico Superior -CPS-, de un Centro Integrado de Investigación que alojará al Instituto de Investigación en Ingeniería de Aragón, al Instituto de Nanociencia y al Instituto de Bio-computación y Física de Sistemas Complejos, así como otros institutos en fase de constitución. Igualmente se construirá un nuevo centro de I+D para la fundación “Centro de investigación de recursos y consumos energéticos” - CIRCE. Sin embargo, ha pasado más desapercibido que la dotación no solo alcanza para edificios sino que también cubre la adquisición de equipos e infraestructuras de investigación solicitadas por estos institutos.

El Gobierno de Aragón hace una apuesta decidida y abre un camino que, sin duda, impulsará la investigación de calidad de los grupos más competitivos y favorecerá una contribución más eficaz al desarrollo regional. Ese mismo esfuerzo debe ser multiplicado por la Universidad, que hasta ahora no ha sabido anticiparse en su organización, ni planificar el desarrollo de unos institutos de investigación, que por su propio empuje llevan funcionando menos de un año. Su integración en un solo centro será positiva, por lo que representa de impulso, pero se hace precipitadamente sin definir previamente la organización y la dirección en que se desea avanzar.

Quedan por resolver temas como la funcionalidad de unos institutos que tendrán laboratorios y despachos en un centro integrado pero con investigadores desarrollando sus actividades docentes en la plaza San Francisco. Igualmente, falta diseñar e inducir un sistema dinámico que premie la actividad y permanentemente adapte las necesidades de espacios y laboratorios a la actividad de los institutos. Falta el reconocimiento y potenciación de la actividad del personal investigador tanto consolidado como en formación y una política de dotación de personal técnico y auxiliar de investigación. Falta, en definitiva, repensar la investigación en la Universidad a la luz de un mundo cambiante donde el conocimiento es elemento estratégico del progreso de las regiones.

La Universidad de Zaragoza está de enhorabuena, pero especialmente los centros de este Campus, porque vemos como se configura una concentración de medios de investigación y de instituciones del área tecnológica sin precedente. Así el conjunto formado por el instituto Tecnológico de Aragón, el Centro Europeo de Empresas e Innovación, el Instituto de Carboquímica, los dos centros universitarios del área tecnológica; CPS y Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial y el nuevo Centro Integrado de Investigación daría un tamaño y composición suficiente para la creación de un parque científico tecnológico en Zaragoza.

A lo largo de años, hemos albergado el deseo de un instrumento de esas características en las proximidades del CPS, que facilitase la transferencia de investigación y conocimientos y convirtiese nuestra investigación en motor de desarrollo. Ahora, por primera vez, están los medios materiales junto con grupos de investigadores de excelencia, para que el germen de un parque científico tecnológico sea hoy una oportunidad más próxima y alcanzable, a ello dedicaremos nuestros esfuerzos.

Rafael Navarro Linares
(Publicado en Heraldo de Aragón en junio 2003)

La Universidad y Europa

La configuración de un Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) es el ánimo del Protocolo de Bolonia, que ya ha sido suscrito por 48 estados de dentro y fuera de la Unión Europea (UE). Independientemente de las tensiones producidas por la guerra en la UE, en la próxima reunión de Septiembre en Berlín, los representantes de estos estados deben dar un impulso definitivo a su creación.

El establecimiento de una Europa del Conocimiento que favorezca el crecimiento económico, la libre circulación de profesionales y la cohesión social así como la creación de un referente europeo que incremente la competitividad de nuestra enseñanza superior frente a Japón o EEUU, son los objetivos que se persiguen.En Febrero, el Ministerio de Educación Cultura y Deporte difundió un documento marco con las guías de esa transformación, que fue bien recibido por la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas celebrada en Zaragoza días después. Aún con aspectos por definir, se establece el año 2010 como fecha límite en que la educación superior española deberá estar completamente adaptada al EEES y aboca los próximos tres años a procesos acelerados de cambio para que los planes de estudios de las nuevas titulaciones comiencen no más tarde del curso 2006-2007.

Las implicaciones del EEES son muchas y sin duda supondrán transformaciones profundas tanto para la Universidad como para la Sociedad. Algunas de esas incidencias para la Universidad serán:

• La armonización de la duración de las titulaciones universitarias, que seguramente pasarán a ser de cuatro años, junto a una reducción significativa del catálogo actual de titulaciones que será el mismo en todo el EEES.
• La posibilidad de transferir estudios realizados en distintas Universidades y países para obtener un título, que conllevará el pleno desarrollo del suplemento al diploma, que dará cuenta transparente a los empleadores de la formación e itinerario seguido.
• Un cambio de la docencia que pasará de basarse en la impartición de conocimientos (horas lectivas de clase) a la del aprendizaje (horas que el alumno necesita para adquirirlos), a la vez que se establecerá la formación como un proceso a mantener de por vida.
• La desaparición de la distinción actual entre Escuelas Universitarias y Facultades o Escuelas Superiores de Ingeniería, que puede conducir a centros distintos en la misma ciudad y con las mismas funciones y cuya solución exigirá consenso, imaginación y determinación.

Del lado social y de las administraciones estatal y autonómica destacan:

• La desaparición, por confluencia, de las titulaciones de grado medio y superior en una sola con los nombres de licenciados, ingenieros y arquitectos, que cambiará significativamente las competencias de muchos colegios profesionales y en especial de los de ingeniería.
• La modificación de las condiciones de acceso a los colegios profesionales, que podrían introducir procesos de acreditación añadidos a la posesión del título correspondiente y la posibilidad de que haya colegios distintos que acrediten la misma competencia.
• Un proceso transitorio de adaptación de los actuales titulados a las nuevas titulaciones y competencias y de la sociedad en general para conocer la capacitación de los nuevos títulos que habrán de ser relevantes de cara al mercado de trabajo.
• Un cambio en las actuales escalas de la función pública (A y B) que en el futuro convergerían a una sola, con las consecuencias presupuestarias que pueden tener las obvias aspiraciones de equiparación salarial.
• Un replanteamiento completo y en profundidad del mapa de las titulaciones que se imparten en cada uno de los centros universitarios, que de nuevo traería a la mesa el tema de la descentralización de la Universidad.

A la vista hay tres años de transformaciones ilusionantes en los que las Universidades, los gobiernos de las Comunidades Autónomas y el Ministerio van a tener que reconsiderar trayectorias centenarias de centros y titulaciones. Del establecimiento de dialogo y consensos en esos tres niveles dependerá que la configuración del EEES sea un paso adelante en la transformación y adecuación de la Universidad a la sociedad o una nueva ocasión fallida.

Rafael Navarro Linares
(Publicado en Heraldo de Aragón el 4 de abril de 2004)

Aprender de la historia

El lunes 13 de Mayo, con la elección de representantes al Claustro, comenzó el proceso de elaboración de unos nuevos estatutos de la Universidad de Zaragoza. Testigos de los vigentes estatutos, con la perspectiva de más de dos décadas de participación en la vida universitaria, de esta historia reciente pueden extraerse enseñanzas útiles.

El Claustro, que como consecuencia de la LRU (1983) elaboró los actuales estatutos, estaba formado por todos los profesores numerarios y se completaba con representantes del resto de la Comunidad Universitaria. Esta composición, propia de la Universidad de Zaragoza, dio lugar a un tamaño inmanejable y confrontó a personas motivadas, los representantes elegidos, frente a los miembros natos que solo respondían de sí mismos. La consolidación de las opiniones de los grupos organizados y la total inacción de moderación del Rector o de su equipo de gobierno, que se mantuvo casi al margen del proceso, fue determinante para que personas sin experiencia de gestión universitaria impusieran unos estatutos, que el tiempo demostró, faltos de funcionalidad e imposibles de modificar.

En esta ocasión la composición del Claustro ha venido dada por ley con representantes de todos los sectores, su particularización por Junta de Gobierno ha sido más equilibrada y su tamaño razonable (300). Sin embargo, tras su elección, comienza un proceso de interacción de grupos e intereses personales contrapuestos, en el que es imprescindible que el Rector y su equipo de gobierno lideren el proceso para conseguir consensos y evitar situaciones no funcionales.

En 1985, la Universidad de Zaragoza se extendía también a Navarra, La Rioja y Soria y no se podía imaginar la actual restricción a Aragón ni su transferencia a la Comunidad Autónoma. En Huesca y en Teruel sólo había sendos colegios universitarios, se estaba construyendo el primer edificio del campus del Actur y no se intuía la distribución actual. Tampoco se pensó en los procesos de intercambio internacional de estudiantes propiciados por la entrada de España en la Unión Europea (1986), ni la masificación de los años 90 o el decrecimiento demográfico actual. Era difícil prever todos estos cambios determinantes e igualmente ahora no se atisban los del futuro, pero, si queremos una normativa con vocación de permanencia y adaptación ante los cambios, los estatutos deben ser una ley de principios, dejando los aspectos más variables a reglamentos fácilmente modificables.

En esas fechas aparecieron en España los primeros ordenadores personales a precios asequibles estando el procesado de datos y de información centralizado en grandes ordenadores configurados como Centros de Cálculo con múltiples terminales. Internet era algo solamente conocido por unos pocos investigadores del CERN (Suiza) y los sistemas de telefonía parecían no tener relación con los sistemas informáticos. Hoy en cada despacho de la Universidad de Zaragoza hay conexión a la red y el parque de ordenadores operativo se acerca a diez mil. Sin embargo la centralización de la gestión y la información de la Universidad sigue siendo la misma. Los estatutos deben propiciar la descentralización, que ahora es técnicamente posible sin detrimento de la calidad y que resulta socialmente ineludible para que cada centro se adapte a sus misiones.

Hasta la Ley de la Ciencia (1986), la investigación española estaba sin desarrollar y la transferencia de conocimientos era poco más que una buena intención. Hoy, aunque todavía lejos del nivel de los países de la UE, tenemos indicadores de la actividad investigadora y de transferencia que, sin embargo, no se exigen en la Universidad de Zaragoza, ni se aplican a la hora de asignar la dedicación de cada profesor. Una universidad será de calidad si es capaz de generar conocimientos y formar profesionales y los estatutos deben configurar una Universidad innovadora, motor de la sociedad.

Muchas otras lecciones, que están en la memoria de muchos, podemos sacar de la historia reciente para no repetirla. Recordándola aquí deseamos provocar una reflexión ante la importante etapa que ahora se avecina.

Rafael Navarro Linares

(Publicado en Heraldo de Aragón el 21 de mayo de 2002)

La descentralización

La descentralización de la Universidad es la mejor oportunidad para situarla con ventaja en el nuevo siglo. La elección de representantes en el Claustro y la redacción de unos nuevos estatutos son una ocasión oportuna para reabrir el debate centralización/ descentralización. Sus implicaciones se abordaron durante la transición española para encauzar el problema histórico de las nacionalidades y modernizar la administración. El tema reaparece regularmente en la organización de la administración en sus niveles; nacional, autonómico, provincial y local y se reproduce cuando se consideran alternativas de dirección de empresas y, ciertamente, no puede soslayarse cuando se trata de la Universidad.

La organización de la Universidad tradicional española ha sido y es centralista aunque esté distribuida territorialmente. Se argumenta que así se garantiza la igualdad y que los distintos órganos alcanzan sus fines mejor de lo que podrían hacer por sí mismos. La centralización tiene como “virtud principal” la uniformización de todos, independientemente de su actividad. Así ha sucedido en nuestra Universidad y el resultado es un estado, que no es de decadencia ni de progreso, sino de somnolencia administrativa que sirve, sobre todo, para impedir iniciativas y no para innovar.

El Rectorado (como figura centralizada) no puede abarcar todos los detalles de la vida universitaria y si lo intenta queda abocado a un proceso hipertrófico. Cuanto más aumenta la centralización, más se acrecienta la bipolaridad, con mayor actuación del Rectorado y menor la del resto de la Universidad, impidiendo la toma responsabilidades en niveles inferiores de la organización y desanimando la participación.

Las organizaciones centralizadas fracasan en la adaptación a movimientos sociales profundos o a cambios rápidos. Pero además, la centralización es una rémora insuperable para fomentar la innovación y creatividad o la capacidad crítica, que son misión esencial de la Universidad. Sin duda, en la centralización de la Universidad de Zaragoza están los gérmenes de la falta de sintonía con la sociedad.

La descentralización no es distribución territorial sino delegación de poder. En términos empresariales, se guía por la máxima de que lo que se pueda hacer o resolver en los niveles más operativos de la organización no debe elevarse a niveles superiores ya que de lo contrario se pierde eficacia, aumentan los costes y se desmotiva al personal.

La descentralización no atenta contra la unidad. En una organización, donde la unidad está reconocida por las Cortes aragonesas, esta no debe ser el fruto de la uniformidad de todos sus órganos sino que debe nacer de la participación de todos ellos en los principios de su misión. La verdadera unidad es que todos en la comunidad universitaria conciban como propios los intereses de la Universidad.

Una descentralización funcional de la Universidad de Zaragoza podría seguir las pautas y siguientes:

• El Rectorado tendría como misión fijar objetivos para toda la Universidad y, tras un estudio con los responsables de centros, departamentos, institutos y campus, asignar a cada uno de ellos unos objetivos propios.
• El Rectorado evaluaría los progresos y dificultades de los distintos órganos sin seguir en detalle los procesos o ejercer de modo explícito la autoridad, de modo que hubiera una relación fluida de diálogo en la que ambos discuten las decisiones relevantes.
• El Rectorado sólo debería resolver los temas que, por su naturaleza no estuvieran relacionados estrictamente con la actividad propia de órganos colegiados inferiores. Así la descentralización le permitiría centrarse en su trabajo propio de alta dirección.
• Los servicios centrales del Rectorado deberían servir de puente entre órganos subordinados, suministrando información, herramientas y procesos, que incrementasen la eficacia. Además, a través de la información procedente de estas relaciones, propondría nuevas políticas.

Los nuevos estatutos de la Universidad de Zaragoza deben permitir un funcionamiento descentralizado, delimitando las atribuciones de los responsables de estos órganos (directores y decanos) y estableciendo las normas a seguir. Estas pautas facilitarían que estos asumieran la doble responsabilidad de dirigir sus ámbitos y harían de la descentralización un instrumento para facilitar la gestión y progreso de la Universidad.

Rafael Navarro Linares

(Publicado en Heraldo de Aragón, 15 de abril de 2002)